Un análisis sobre las Alianzas público privadas, una de las estrategias definidas por los gobiernos para mejorar los servicios que ofrecen a través de infraestructura existente o nueva, en conjunto con el sector privado.

Desde Adam Smith hasta la actualidad, la teoría económica y política ha dictado que es el Estado quien debe encargarse de satisfacer una serie de necesidades generales de los habitantes de su territorio, particularmente aquellas que resultan poco atractivas o difíciles de cumplir por parte del sector privado. Esto se ha fundamentado mediante  la teoría de los servicios públicos y del gasto público en infraestructura, seguridad y demás.

Ahora bien, en el mundo de hoy,  el uso de recursos, la detección de necesidades, la innovación, la vertiginosa velocidad de los sucesos, hacen que el Estado sea particularmente ineficiente en la satisfacción de sus habitantes, razón por la cual se hace necesario vincular al sector privado en esta tarea. Precisamente para esto es que fueron creadas las Alianzas Público Privada (APP).

Esta figura fue reglamentada en nuestro país mediante la ley 1508 de 2012, en la cual se define de la siguiente forma: “Las Asociaciones Público Privadas son un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio”.

Desde que esta norma tomó vigencia, el instrumento ha sido utilizado en diferentes oportunidades en temáticas tales como infraestructura vial, educativa y similares. En algunos casos ha sido exitosa, en otros ha fracasado. Dentro de los primeros, vale la pena destacar que este mecanismo es útil para combatir la corrupción, fenómeno que sin duda es el más grande flagelo que atenta contra el desarrollo socio-económico del país.

Algunas de las características de las APP son:

  1. Transferencia de riesgos entre el sector público y el privado.
  2. Pagos asociados a la disponibilidad y el nivel de servicio, lo que es una regla en el sector privado.
  3. No se llevan a cabo anticipos a los privados involucrados (lo que cuida los recursos públicos).
  4. Adiciones limitadas al 20% del valor del contrato, lo que busca evitar los escándalos que la figura ha permitido.

Vale la pena aclarar que las Alianzas Público Privadas pueden ser propuestas tanto por el sector público como por el sector privado, lo que permite que diversas perspectivas ante las carencias sociales sean las que busquen aportar soluciones, lo cual es refrescante y en muchas oportunidades mucho más eficiente. Es por esto que el sector privado cuenta actualmente con una posibilidad que antes no tenía, esto es, actuar de forma proactiva, buscar la necesidad e inventar una solución desde su experiencia, colaboración e innovación.

Las APP requieren sin lugar a dudas un equipo multidisciplinario para llevarse a cabo de la manera correcta, en este orden de ideas, los abogados son una herramienta fundamental, tanto para el análisis normativo y de riesgos, que el proyecto tendrá, así como para todos los demás instrumentos jurídicos necesarios para su ejecución.

Con fundamento en lo anterior, consideramos que las APP son una figura que entraña una triple ganancia, pues en el caso de ser bien ejecutadas, ganará tanto el Estado, al cumplir con una de sus funciones principales, así como ganará el privado, pues obtendrá utilidades y, finalmente, ganará la sociedad (el país), quien continuará caminado de cara al tan anhelado desarrollo.

Autor: Santiago Pinzón Sosa.